Tal vez sean una melancólica humildad y un desganado estoicismo las impresiones que le impactan a uno cuando habla con los familiares de las víctimas de una de las más tremendas tragedias que han conmocionado a los habitantes de Santander de Quilichao, y que hoy, precisamente, al cumplirse el primer aniversario, se conmemora allá, en la vereda San Antonio, sólo entre deudos y vecinos, porque no creen que las autoridades tengan cara para asomarse a exponer su indolencia y argucias, certificadas en un “acta de incumplimiento” firmada ocho días después de los entierros de las víctimas exhumadas del derrumbe de la mina Agualimpia, acuerdo aquel que fue olvidado por ministros, defensores del pueblo, gobernador, alcaldes, fiscales, procuradores, contralores, directores de instituciones públicas, comandantes… todos juntos, a pesar del atormentado transcurso de los últimos doce meses de espera.
“Por acá no volvieron desde el día de la tragedia, nos dejaron nuevamente abandonados”, dijo amargamente doña Virgelina Carabalí Mezú, quien aún sufre la muerte entre el oro y la tierra de su hijo, nuera y tres sobrinos.
Ana Leyda Díaz Carabalí, otra de sus hijas, es más sensible, su voz se desvanece cuando recuerda que la riqueza de esas tierras en donde está sentada conversando con los reporteros de Proclama del Cauca se convirtió en la noche del 30 de abril del 2014 en el camino más expedito hacia la miseria y el dolor. Ese día acabó el alegre brillo de sus ojos y comenzó el pesar, y sus desilusiones: “no hemos recibido ninguna respuesta, nada, y nadie nos volvió a hablar nada…”.
La marcha de todos los habitantes de San Antonio, con camisetas blancas, inicia en las oficinas del acueducto de la vereda para dirigirse al sitio donde cinco mujeres y siete hombres se convertían en el símbolo de la funesta minería ilegal.
Aunque todos afirman que los 12 muertos son apenas una estadística oficial, un inventario improbable, porque se rescataron sólo los que tenían allí dolientes declarados. Mejor, los que alcanzaron, mientras las mismas ocho máquinas amarillas que horas antes los habían enterrado, afanosamente removían tierra antes de que se evaporaran sin que ninguna autoridad fuera capaz de notarlo. El resto, más de 40 según testimonios, fueron unos desconocidos aventureros llegados del Chocó, Antioquia, Nariño y otras partes del país, que sin familiares en la zona, quedaron sepultados.
Ocho días después de la tragedia, el miércoles 7 de mayo de 2014, los ministros de Minas y Energía, y del Interior, el director del Departamento para la Prosperidad Social (hoy ministro del medio ambiente), la directora de la Agencia Nacional de Minería, el gobernador (e) del Cauca, y los alcaldes de Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires y de Puerto Tejada, organizaron una ampulosa Mesa Interétnica e Intercultural permanente, para diluir responsabilidades con una consigna también pomposa: “No puede ser que con los mineros enterrados, también se quede enterrada la impunidad”, como después de un año así quedó.
El ministro de minas Acosta Medina anunciaría: “a la minería con vínculos con la criminalidad el Gobierno no le dará tregua en el combate por su erradicación”, pese a su contundencia, hoy sigue igual la explotación minera en el norte del Cauca. El ministro del Interior Iragorri Valencia, pidió que bajo ninguna circunstancia pueden las máquinas retroexcavadoras abandonar la zona hasta que se determine cuál es su suerte por parte de la autoridad competente: nadie le paró bolas. El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo López (hoy ministro del ambiente), anunció que el Gobierno Nacional brindaría apoyo para la formalización de la minería ancestral y realizaría las inversiones necesarias en programas sociales de emergencia, como de generación de empleo y empresas productivas, para lo cual dejaba en Santander un grupo de 5 funcionarios quienes coordinarían con los alcaldes los procedimientos de la reparación a corto y mediano plazo: en San Antonio las víctimas no tienen ni la mínima idea de qué quiere decir todo este discurso, eso es ¡paja!, dijo la más sincera de ellas. Es más, se instalaría una Mesa de Garantías bajo la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el propósito de determinar y ejecutar un plan integral de garantías: tampoco funcionó.
Igualmente, no se sabe si el ministro del Interior al fin ordenaría a la Dirección de Comunidades Indígenas y a la Dirección de Comunidades Negras, la priorización del departamento del Cauca, en la implementación de las órdenes de la Corte a través de los Autos 004 y 005, que ordenan la caracterización de los pueblos, ruta étnica de protección y planes de salvaguarda para los pueblos, porque contrariamente, aún siguen ésos pueblos reclamando por lo menos un mínimo de lo prometido. Lo exigió Francia Márquez y en noviembre fue expulsada de su territorio con amenazas de muerte para ella y su familia. Lideró, entonces, una marcha de mujeres desde La Toma, municipio de Suárez, hasta Bogotá y estuvo hasta en La Habana, Cuba, en representación de las víctimas de la minería ilegal pero por ninguna parte nadie le hace caso a la Corte.
Esquivel Carabalí, familiar de los muertos en la mina Agualimpia, recordó en este primer aniversario: “el fontanero nuestro era Miller, se hacía querer de todo el mundo, no era sino risas, tenía un amigo que era operador de una de las retroexcavadoras; ése día en que el oro afloraba, le dijo que le había dejado un balastro picado para que lo lavara… Yo creo que una oportunidad de esas no se la pierde nadie… A Miller le convenía morir, pero como era tan buena gente, no se fue solo: se hizo acompañar de un hermano, su esposa y de un cuñado. Ése día fue la catástrofe y seguramente con un puñado de oro en sus manos murieron… entre las 9 y 10 de la noche… El amigo de la retro, que estaba esa noche de operario, dice que contó por lo menos 60 personas trabajando cuando sobrevino el pavoroso derrumbe…”.
Desde muchos meses antes los alrededores de San Antonio, hacia la vereda El Palmar, siguiendo el curso del río Quinamayó, se habían convertido en un pueblo de cambuches, sin dios y sin ley donde se aglutinaban por lo menos 2.000 cazafortunas alrededor de improvisadas tiendas y restaurantes hasta almacenes y bares. “Se había vuelto un antro de perdición: los jueves llegaban de Pereira carros llenos de mujeres que pasaban allá los fines de semana…”. Y aclara tajantemente que quienes provocaron la tragedia con la maquinaria amarilla no son gentes de San Antonio, “lo que pasa es que los dueños de los terrenos los estaban alquilando: primero vendían la arborización, luego vendían el subsuelo, y además tenían participación en la explotación”. Esquivel es enfático al calificar la posterior actuación oficial: “mire, el Gobierno hace sus promesas por salir del paso, y termina, como siempre, en nada”. Y advirtió sobre la nueva modalidad de extracción de oro que se implantó tras el infortunio: “lo que puede pasar… puede ser más catastrófico de lo que pasó…: es lo que denominan “cúbicos”: son unos topos en su trabajo”.
Es que ahora se realiza la minería por pozos, llamados “cúbicos”, que son excavaciones verticales (en la región son realizados en sección cuadrada de 1,2 m de lado y en profundidades de hasta 25 metros) que requieren un sostenimiento natural o artificial competente con el fin de prever derrumbes. En el fondo de estos pozos se realizan además labores horizontales cuyo objetivo es extraer material de la parte baja del aluvión el cual es el que presenta los mayores contenidos metálicos. Este tipo antitécnico de extracción causa grandes daños en la estabilidad de terrazas, como también es una forma totalmente riesgosa y contraria a las mínimas normas de seguridad industrial.
Pasivo ambiental
En el contexto de la emergencia ambiental decretada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC-, según resolución 05324 del 20 de mayo de 2014, quedó un pasivo ambiental en 129 hectáreas destruidas que tiene un costo de más de 30.000 millones de pesos, que ni las autoridades saben quién va a pagar. Albeiro Villaquirán, director CRC, dijo que se abriría un proceso sancionatorio contra unos presuntos responsables, no identificados aún, sin perjuicio de las acciones judiciales, advirtiendo que serán procesos demorados. Por lo que se presume, el daño ambiental va a tener que ser declarado como pasivos huérfanos, es decir, sin responsable, por lo que se trasladará la responsabilidad al sector público, que para el viceministro de minas, César Díaz Guerrero, es una nueva vergüenza para el país.
Diana Marcela Díaz, jovencita estudiante de enfermería en la capital del Cauca evocó a sus padres, dos tíos y la mujer de uno de ellos que murieron en el derrumbe de la mina Agualimpia, es otra de las víctimas sobrevivientes que siguen reclamando las ayudas humanitarias de emergencia y su caracterización porque el Estado, a pesar de que instaló las mesas de ayuda humanitaria y derechos humanos, éstas no lograron las respuestas eficaces, destacando una total descoordinación institucional.
Es más, su hermana, Claudia Liliana Díaz Carabalí, al referirse a la jornada de hoy en conmemoración de sus muertos sostuvo a Proclama del Cauca que “no hemos invitado a nadie por fuera de la propia comunidad porque nadie nos ha ayudado” y al ser requerida sobre una explicación un poco más detallada sobre las nuevas formas de explotación minera establecidas en el área dijo que “nos han prohibido hablar con los medios sobre esta situación”.
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