Nueve funcionarios del Cauca fueron secuestrados en misión social. Nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados este jueves mientras adelantaban una misión institucional en el municipio de López de Micay. Se trata de siete mujeres y dos hombres que cumplían labores sociales en comunidades de difícil acceso, en articulación con las Juntas de Acción Comunal.
El hecho fue confirmado por la propia Gobernación y por la Fuerza Pública horas después de que el grupo armado autodenominado “Estado Mayor Central del Bloque Occidental” de las disidencias de las Farc se atribuyera la acción. Según las primeras versiones, la retención ocurrió hacia las 4:00 de la tarde, mientras el equipo de trabajo promovía participación ciudadana y facilitaba el acceso a programas sociales.
Los nombres de las personas secuestradas son: Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Eivar Alonso Guerrero Anaya, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Leydi Rocío Guengue, Manuela Caicedo Arango, Elizabeth Yangana y María Elizabeth López.
Desde la Gobernación del Cauca se emitió un comunicado rechazando de forma categórica el secuestro, señalando que los funcionarios cumplían funciones estrictamente civiles y sociales, sin relación alguna con actividades militares. “Se encontraban en ejercicio legítimo de servicio público, acercando la oferta institucional del Estado a comunidades en condición de vulnerabilidad”, subrayó la administración departamental.
Panfleto en el que un grupo armado se atribuye el hecho.
Las disidencias aseguraron en una misiva que los capturados instalaban “equipos militares para inhibir señales y derribar drones”, versión que fue desmentida por la Gobernación, reiterando que no existía ningún tipo de intervención con fines militares en la zona.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, exigió la liberación inmediata de las nueve personas y recordó que “la institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”. En su cuenta oficial, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la comunidad internacional para rodear esta exigencia humanitaria.
“Llevaban oferta institucional a comunidades olvidadas. La paz se construye con respeto a la vida”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
El Gobierno Departamental también instó al respeto del Derecho Internacional Humanitario y solicitó el acompañamiento urgente de organismos de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Cruz Roja Internacional y entidades de vigilancia internacional.
Hasta el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y activar los canales humanitarios que permitan el regreso seguro de los funcionarios retenidos.
