Se robaron $160 millones del transporte escolar en Cajibío

Se robaron $160 millones del transporte escolar en Cajibío
Por Alfonso Luna Geller – Director Proclama del Pacífico / En Cajibío, Cauca, mientras la indignación crece, la comunidad exige justicia por el robo de casi 160 millones de pesos, que estaban destinados al subsidio de transporte escolar de los niños.
Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2024, cuando Margarett García Guardo, representante legal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal), con la autorización de la alcaldesa Diana Carolina Cabanillas Valencia, retiró del Banco de Colombia $158.900.000 —sin escolta policial, pese a la cantidad—.
Luego, en lugar de dirigirse a Cajibío, García Guardo inició un recorrido absurdo por varios barrios de Popayán, que resulta inverosímil: supermercados, panaderías, compras varias. Hasta que, como un acto final de una comedia negra, aparece un supuesto ladrón y se lleva el maletín con el dinero. Un desenlace que la gente difícilmente cree.
Las incoherencias saltan a la vista:
- ¿Por qué García Guardo rechazó el acompañamiento de seguridad para transportar casi $160 millones por la zona comercial de Popayán?
- ¿Por qué el subsidio se pagaría en diciembre, cuando los niños ya estaban en vacaciones?
- ¿Cómo es posible que no existiera póliza, contrato ni factura que respaldara el movimiento?
La alcaldesa Diana Carolina Cabanillas Valencia descargó su competencia: «Ese dinero era responsabilidad de Asocomunal». Pero la pregunta obvia es: ¿por qué la Alcaldía delegó recursos públicos a una asociación sin garantizar transparencia?
Ocho días después la Alcaldía, tratando de explicar lo sucedido, expidió un comunicado que se difundió por Facebook. Llamó la atención de los ciudadanos el remate del aviso: «Seguimos trabajando por ustedes», lo cual fue interpretado como “un insulto a la inteligencia colectiva”.

Los comentarios ciudadanos en esa red social lo resumen todo: «¿Creen que somos bobos?», “Administran como una chaza de mecato», «Esa plata se quedó perdida… como siempre», «¿Y quién responde por esa plata?».
Otros comentarios en Facebook
Comentando el comunicado oficial: “¿Y así de fácil se quieren lavar las manos? Aquí hay una responsabilidad política que se debe asumir y la secretaria de Educación nos debe responder a todos los cajibianos y en especial a los niños y padres de familia afectados”.
Otra comenta: “Para que iban a solicitar policías si eso ya lo han de haber tenido bien planeado o creen que porque no pagaron los meses anteriores ni bobos que fueran… Ahora es esa la excusa que van a montar otro mecanismo… hay Dios que gente!!!”
Otro ciudadano dice: “Da es como risa más bien. Será que no son conscientes que están administrando son los recursos de un municipio, porque actúan como si estuvieran administrando una chaza donde se vende mecato…”
Y otra dama comenta: “Da la misma cosa porque no solucionan nada y así la plata se queda perdida en vez de sacar un comunicado en el que dicen que van a responder eso sí sería un buen comunicado porque son derechos de esos niños…”
Más adelante: “¡Que irresponsabilidad con esa gran cantidad de dinero!”
“Más eficiencia para el 2025 por favor, para que los padres de estos niños reciban este beneficio mes a mes todo el año y no solo los últimos meses como pasó este 2024 y que a la final terminaron perdiendo todo”.
Responsabilidades pendientes
La alcaldesa Cabanillas Valencia no ha explicado aún por qué se violaron todos los procedimientos de contratación pública. No hubo contrato, póliza, certificación bancaria, cuenta de cobro ni factura. Fue como si hubieran sacado el dinero para salir de compras privadas con dineros públicos.
Voceros de la comunidad dijeron a Proclama del Pacífico que “esperamos que esta noticia sirva para poner el foco sobre lo que realmente está pasando en Cajibío, porque la verdad no puede seguir oculta”. En consecuencia, pidieron que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúen con celeridad y contundencia.
Este medio de comunicación cívico solo busca exigir que la justicia actúe, que los entes de control entreguen resultados y que la administración municipal de Cajibío asuma de una vez por todas su papel con seriedad. Los niños no pueden seguir siendo las víctimas de una gestión improvisada, informal y peligrosamente cercana a la corrupción impune.



