25 años después, ronda la impunidad en la masacre de Caloto
El 16 de diciembre del 1991, entre las 9:00 y 9:30 de la noche, seis días después de celebrarse el Día Universal de los Derechos Humanos, y a pocos días de la Navidad, un número no determinado de hombres que portaban armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas arribó de manera imprevista a la vereda El Nilo, en Caloto, departamento del Cauca y, tras reunir a los miembros de la comunidad y prender fuego a los ranchos que habitaban, obligó a las víctimas a tenderse bocabajo en el suelo, donde las ejecutaron.
De acuerdo con un fallo del Consejo de Estado del 26 de junio de 2014, “la masacre fue ordenada por uno de los socios de la empresa que recientemente había adquirido la propiedad de la hacienda El Nilo y contó con la participación de civiles y miembros de la Policía Nacional acantonados en Santander de Quilichao”.
Desde la ocurrencia de la masacre, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, conjuntamente con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y luego con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, iniciaron el proceso de representación nacional e internacional de las víctimas, sus familiares y el pueblo indígena Nasa en búsqueda de justicia y reparación para la comunidad.
Por la masacre de Caloto, en la actualidad enfrentan juicio el general Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, acusados por la masacre de los indígenas. Los agentes permanecieron privados de la libertad entre febrero de 2015 y mayo de 2016, fecha en la que mediante recurso interpuesto por su defensa recobraron la libertad debido a la falta de diligencia de la justicia.
Cabe señalar que varios civiles ya han sido condenados por esta matanza, entre ellos Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Édgar Antonio Arévalo Peláez, sentenciados en 1995 a penas de entre 18 y 14 años de cárcel por un juez de Cali; Luis Alberto Bernal Seijas, Carlos Arturo Bahos Mejía, Carlos Alberto Flórez Alarcón y Neimber Marín Zuluaga, condenados los tres primeros a 29 años de prisión y el último a 25 años, y Orlando Villa Zapata, alias Rubén, sentenciado en su momento a 25 años de reclusión, de los que apenas pagó seis pues en agosto de 1998 se fugó de la cárcel de Villa Hermosa, en Cali, y se fue a trabajar con los paramilitares hasta que se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005.
25 años después de las masacre, las organizaciones que representan a las víctimas insisten en el llamado a que se aplique de manera expedita la justicia, junto con la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición de los hechos ocurridos.
Antonio Palechor Arévalo en un artículo titulado “Masacre del Nilo, crónica de la impunidad”, recuerda que “la tranquilidad de la noche y la reunión que avanzaba sin contratiempos fue interrumpida por el ruido y las órdenes de salir que se emitían por personas que salían desde el maizal con armas de fuego de largo alcance y cubriendo sus caras con capuchas negras. La orden era precisa debían salir de la casa en la que se reunían. Algunos en forma rápida consideraron que debían escapar y otros determinaron atender a los extraños que llegaban y uno a uno los hicieron tender sobre el la fría y mojada tierra que tanto habían soñado. De ahí en adelante una serie de disparos con fusiles y metralletas acabaron con la vida de 20 personas entre adultos, hombres, mujeres y niños para continuar con una “carnicería humana” ensañándose con los cuerpos que los remataron con hacha y armas corto punzantes. Solo uno de los nativos logró escaparse de esa masacre y logró llegar hasta el centro de salud de Caloto donde fue atendido de heridas leves que le causaron los criminales cuando huía del escenario del múltiple crimen. Desde ese lugar logró comunicarse con la oficina del CRIC para contar lo sucedido y en medio del dolor y el temor por lo que pudiera ocurrir con su vida elaboró una lista con los nombres de las primeras trece personas que entregaron su vida en la lucha por cumplir con el primer punto del Programa del CRIC “recuperar las tierras de los resguardos”. En seguida la noticia se regó por el mundo entero iniciando por Popayán donde desde una emisora se lanzó un informe extraordinario hacia las seis de la mañana y en adelante inició el desplazamiento de muchos medios de comunicación hacia el sitio de los hechos”.
“La primera delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca llegó pasadas las diez de la mañana al sitio de los hechos y pudo observar la espeluznante escena del crimen. Una larga fila de cuerpos inertes con heridas producidas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, un anciano que mostraba parte del cerebro con el que pensó en la recuperación de tierras, un niño con el maletín de sus cuadernos a la espalda con los que pretendía cambiar la situación de su familia y su comunidad, una mujer que había parido varios hijos para que siguieran la lucha que habían iniciado hacía 20 años sus padres y abuelos y 17 personas más que no pudieron conocer la tierra prometida. Solo unos minutos después arribó la delegación de los organismos de seguridad para adelantar las diligencias de inspección de los cadáveres, la identificación y el traslado hacia la morgue para todos los trámites de ley”.
Y continúa más adelante su relato Palechor Arévalo: “La investigación se inició y después de las pesquisas uno de los primeros en caer en manos de las autoridades fue el mayordomo del predio y otros de sus compañeros como autores materiales mientras que el abogado y otros de los autores intelectuales lograron huir del país sin que hasta el momento les haya caído todo el peso de la ley. …Muchos años después un jefe paramilitar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia terminó de desenredar la piola del complot para esta masacre indicando que en la finca la Emperatriz del municipio de Caloto se fraguó todo el plan para el asesinato colectivo en una reunión en la que participaron terratenientes, políticos, el naciente grupo paramilitar y oficiales de la Policía nacional, hecho que motivó la reapertura de la investigación para incluir de nuevo a los uniformados mencionados anteriormente. Este hecho originó que el Consejo de Estado sentenciara a Castañeda Mateus y a Duran Argüelles a pagar al Estado el 80 por ciento de una millonaria multa por esta masacre indicando que los señalados son “responsables de perjuicios ocasionados a los demandantes a consecuencia de los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 1991 en la hacienda El Nilo del municipio de Caloto (Cauca)”.
Hoy 25 años después recordamos este trágico hecho que conmovió al mundo entero y que hasta el momento no está totalmente esclarecido porque hace falta atar muchos cabos que se encuentran sueltos. Respecto a los compromisos del gobierno nacional, éstos aún no se han cumplido en su totalidad y también años después, personajes que dicen ser amigos de los indígenas buscan sacar su tajada financiera, apoyar otros oscuros intereses y desprestigiar al movimiento indígena.
Paz en la tumba a esos 20 héroes del movimiento indígena colombiano y el acompañamiento solidario para familiares de las víctimas que seguramente hoy recordarán esta dolorosa tragedia y elevaran una plegaria a sus dioses para que este hecho no continúe en la impunidad.
Antonio Palechor Arévalo
