Extorsión uniformada en la Troncal de Occidente
Extorsión uniformada en la Troncal de Occidente
Mientras que la indignación, a veces, tiene un límite, no ocurre lo mismo con la perversión de algunas autoridades, con la cobardía de la extorsión disfrazada de uniforme.
Una plaga que carcome la libertad de quienes transitan por nuestras carreteras y que, de paso, deshonra el juramento de servir a la ciudadanía, apareció de nuevo este sábado 21 de junio, en horas de la mañana, al oriente del municipio de Puerto Tejada, sobre un tramo vital de la Ruta Nacional 25, esa arteria que conocemos como la Troncal de Occidente y que une Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Candelaria, Palmira, hasta el Aeropuerto Bonilla Aragón.
Agentes adscritos a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Puerto Tejada, con una audacia que raya en la insolencia, instalaron un retén sobre la citada vía, en supuesta demarcación municipal porque queda cerca del casco urbano de Puerto Tejada, pero evidentemente ilegal porque no tienen jurisdicción sobre vías nacionales. Una coartada para el incauto, el trabajador, el transportador que, con su faena diaria, mueve la economía de este corredor industrial.
Parte de nuestro equipo periodístico cayó en la trampa.
Los agentes detienen el vehículo, que se dirigía al aeropuerto a dejar una familia; da igual que su documentación resplandezca en regla. Con el fantasma de supuestas infracciones inexistentes, acorralan al conductor. El chantaje es la amenaza de un “parte” que puede costar millones, pero que puede canjearse en el instante por una «coima» que sale más económica. En este caso, ascendió a $100.000 pesos, por la premura de llegar.
Pero nuestro colega, hábilmente grabó los testimonios y los complementó con los de otros ciudadanos, víctimas del mismo modus operandi. Una telaraña de ilegalidad que se extiende bajo el sol de nuestro norte del Cauca.
Permítanme ser enfático: los agentes de tránsito municipal de Puerto Tejada, bajo la estricta letra de la Ley 769 de 2002, en su Artículo 5 del Código Nacional de Tránsito, carecen de jurisdicción sobre una vía nacional. Su presencia allí, sin un convenio legal explícito con INVIAS o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), es una operación fuera de todo marco normativo. Una flagrante violación a la ley que, además, puede configurar delitos tan graves como la concusión, el cohecho o el abuso de autoridad, tal como lo contempla nuestro Código Penal Colombiano.
La misionalidad de la autoridad municipal de tránsito se ha desvanecido; ha sido eclipsada por la sombra alargada de la corrupción. Y esta es una afrenta moral que no podemos tolerar. ¿Cómo es posible que quienes deben velar por la seguridad vial, por la protección del ciudadano, se conviertan en depredadores de la confianza pública? No hay excusa, no hay justificación. Es un veneno que corroe la fe en nuestras instituciones.
Esta denuncia, entonces, interpela directamente a la administración municipal de Puerto Tejada. La alcaldesa Luz Adiela Salazar Gómez ostenta la responsabilidad ineludible de supervisar y controlar el accionar de sus agentes. La continuidad de estas prácticas, ¡y esto es un punto doloroso!, se inserta en un historial lamentable. No olvidemos que esta misma oficina de Tránsito ya ha sido escenario de escándalos pasados, con funcionarios privados de la libertad por actos de corrupción. La recurrencia de estos hechos, a pesar de los antecedentes, dibuja un cuadro de posible omisión institucional que exige una explicación, y exige, sobre todo, una acción inmediata.
Y si la situación no fuera lo suficientemente alarmante, recordemos el entorno en el que esto sucede. Esta misma área es un foco de alta inseguridad, donde los robos de motocicletas y los atracos a transeúntes son el pan de cada día. Aquí, las líneas se desdibujan de manera perversa: unas veces, son los criminales «ilegales» quienes asaltan; otras, son los «legales» adscritos a la Secretaría de Tránsito. Una dualidad espantosa que deja al ciudadano a merced de una doble amenaza.
La libertad de circulación de los colombianos, la dignidad de quienes trabajan, la legalidad que debe regir la función pública, se encuentran bajo asedio. No más «patente de corso» sobre nuestra Troncal de Occidente. Estaremos vigilantes de las decisiones que debe tomar la alcaldesa del municipio, y exigimos una intervención inmediata de las autoridades competentes, sanciones ejemplares que marquen un precedente y garantías reales para que ningún ciudadano sea víctima de extorsión bajo la falacia de la autoridad.
Esta denuncia que hoy publicamos es solo la primera entrega. Nuestra labor, la de Proclama del Pacífico, apenas comienza. En nuestra próxima publicación, presentaremos los testimonios de las víctimas, material probatorio contundente.
Esta denuncia pública también llegará a organismos de control y derechos humanos. Porque la verdad, cuando se expone sin ambages, tiene un poder demoledor. Y esta verdad, señores, será un martillo.
Imagen destacada es solo una referencia, tomada de: https://www.facebook.com/PacificoVirtualNoticias y https://www.google.com/maps
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
