Polémica por cobro de tasa de seguridad en facturas de energía en el Valle
El Consejo de Estado anuló la ordenanza 425 de 2016 del Valle del Cauca, que permitía el cobro de una tasa de seguridad incluida en las facturas de energía eléctrica.
Redacción Cali.
El alto tribunal concluyó que la Asamblea Departamental carecía de competencia para imponer este tributo, por no definir de forma clara el sujeto pasivo, el hecho generador ni la destinación directa al servicio facturado.
El fallo se dio a conocer el 17 de julio de 2025, tras una demanda ciudadana que cuestionaba la legalidad de cargar este tipo de tasas a usuarios residenciales, comerciales e industriales sin consulta previa ni vínculo con el servicio prestado.
La tasa recauda recursos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana, pero el Consejo de Estado dejó claro que no puede imponerse mediante una figura tributaria sin sustento legal suficiente.
Pese a la sentencia, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aclaró que el cobro seguirá vigente, ya que en 2025 se expidió una nueva ordenanza (la 692), sustentada en la Ley 2272 de 2022, que autoriza a los departamentos a establecer una “tasa de seguridad y convivencia” ligada a servicios públicos.
Según la mandataria, los recursos se han destinado a dotación de la fuerza pública, tecnología de vigilancia, infraestructura policial y programas de prevención.
La polémica reabrió el debate sobre el uso de facturas de servicios públicos como vehículo de cobro de tributos no pactados, sin mecanismos claros de control ciudadano.
Organizaciones como la Liga Nacional de Usuarios piden revisar cobros similares en otros departamentos, como Antioquia y Atlántico, alegando falta de transparencia y uso inconstitucional de figuras impositivas indirectas.
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